La solución islandesa a esa condena pronto se apartó de la ortodoxia. La Fiscalía abrió una investigación penal contra los banqueros responsables del colapso; algunos han huido del país y están
en busca y captura por la Interpol. En 2009, el gobierno tuvo que dimitir en bloque, acorralado por las protestas ciudadanas; fue el primero y casi el único en caer por la crisis (si excluimos a Túnez y Egipto). Después los islandeses forzaron un referéndum para bloquear el pago de la deuda de la banca y lo lograron:
ganó el no con más del 90% de los votos. Y hace un par de meses, Islandia arrancó una ambiciosa reforma constitucional que, por primera vez en la historia del mundo, será fruto de
un proceso de democracia directa, al margen de los partidos. La Asamblea Constituyente está formada por 31 ciudadanos corrientes, elegidos en las urnas entre 523 candidaturas que sólo necesitaban 30 firmas para poder presentarse.
Hoy Islandia está creciendo. El año que viene, su presupuesto público estará en superávit; su situación económica es bastante mejor que la de otros países igualmente desarbolados, como Grecia o Irlanda. ¿El secreto? Algo revolucionario, aunque se suponía que era una de las reglas ensenciales del capitalismo: Islandia se negó a socializar las pérdidas y dejó que la banca irresponsable simplemente quebrase.
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