a impropiamente llamada Justicia paraguaya mantiene prisioneros a más de 40 militantes políticos populares, casi todos ellos de origen humilde y campesino. Entre ellos destaca un grupo de 14 campesinas y campesinos, presos en el penal de Tacumbú y la cárcel de mujeres del Buen Pastor, la mayoría de ellos dirigentes y militantes de organizaciones de ese sector, como la OCN (Organización Campesina del Norte) y la ARUC (Articulación Rural y Urbana de Concepción).
La detención de estos bajo acusaciones insostenibles pero intencionadamente amplias, tales como "apoyo logístico” al EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) o, incluso, "conocimiento” y "comunicación” con miembros del mismo, constituyó una indisimulada maniobra de amedrentamiento a la población campesina del Departamento norteño de Concepción y del Paraguay en general; buscando atacar además frontalmente a las organizaciones campesinas que generalizan su descontento ante la falta de cumplimiento de las promesas del presidente Lugo de avanzar en una cada vez más reclamada Reforma Agraria.
La situación de estos 14 campesinos en particular y el grosero avasallamiento de todos sus derechos y, especialmente, los de acceder a un proceso con un mínimo de garantías, ha sido públicamente denunciada por organizaciones sociales y de Derechos Humanos, como la Codehupy (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay) y el Sindicato de Periodistas de este país.
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